Documentos de la Secretaría de la Defensa sitúan a Omar García Harfuch en Iguala (Guerrero) el 7 y 8 de octubre de 2014, en las primeras reuniones conocidas entre autoridades federales y estatales por el caso Ayotzinapa. García Harfuch ocupaba entonces un puesto de comisario en la división de Gendarmería de la Policía Federal. Antes había dirigido la Federal en Guerrero. García Harfuch no ha querido hacer comentarios a este diario sobre estos documentos. Cuestionado por su papel en el caso estos años, el actual jefe de policía de Ciudad de México ha repetido en varias ocasiones que para cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes normalistas, él había dejado Guerrero y “ya estaba en Michoacán”.
En la tarde de este lunes, García Harfuch ha publicado tres tuits en referencia a esta nota, señalando: “El 06 de septiembre de 2014, recibí instrucciones de trasladarme a Michoacán para apoyar a la recién creada División de Gendarmería. A partir del 08 de septiembre estuve comisionado en Michoacán, y fue hasta inicios del mes de octubre de 2014, cuando me instruyeron trasladarme a Iguala, junto con personal de la División de Gendarmería”. Es la primera vez que el funcionario reconoce su presencia en Iguala después del ataque contra los estudiantes normalistas.
Los documentos, de los que EL PAÍS tiene copia, son dos minutas de “juntas de autoridades” mantenidas en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala. Para entonces, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) acababa de asumir la investigación por el ataque contra los estudiantes normalistas y la desaparición de 43 de ellos, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en el municipio. Tomás Zerón, director en la época de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría (AIC), dirigió las reuniones. Huido a Israel, Zerón es hoy prófugo de la justicia mexicana, que le busca por delitos de tortura y desaparición forzada, entre otros.
La presencia de García Harfuch en Guerrero antes, durante o después del ataque, el nivel de conocimiento que tuvo de lo ocurrido y su relación con la actuación de los que eran o habían sido sus subordinados en Iguala son cuestiones todavía por aclarar. Actualmente, tres de los policías federales que estaban de servicio en el municipio durante el ataque están en prisión. Según la actual administración de la Fiscalía, los policías participaron en la desaparición de los muchachos en uno de los escenarios del ataque, el Palacio de Justicia.
Otra cuestión sin aclarar es la posible participación de García Harfuch en más reuniones en Iguala, antes o después de las del 7 y el 8 de octubre de 2014. En la reunión del día 8, por ejemplo, Zerón cita a los participantes a una nueva junta dos días más tarde, a la que, dice, acudirá también el procurador general entonces, Jesús Murillo Karam.
Las dudas sobre el actuar de García Harfuch en el caso Ayotzinapa trascienden su presencia en Iguala. Tras la detención del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, apenas 10 días después de que se celebraran estas reuniones, las autoridades le hallaron una libreta, donde aparecían nombres y números de teléfono de funcionarios. Entre los contactos de Casarrubias figuraba García Harfuch.
En otro asunto, el testigo protegido Juan, parte de Guerreros Unidos, ha declarado a la Fiscalía que García Harfuch estaba en la nómina del grupo criminal. “Recibía 200.000 dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el Estado de Guerrero. Brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas”, dijo. García Harfuch, que hace apenas dos años sobrevivió a un ataque de otro grupo criminal en la capital, siempre ha negado cualquier vínculo con Guerreros Unidos.
A la “junta de autoridades” del 7 de octubre, que inició a las 10.15 de la mañana, acudieron en total 18 personas. Además de Zerón y Harfuch, allí estaban el general Alejandro Saavedra, jefe del Ejército en Guerrero en la época, el procurador de justicia del Estado, Iñaki Blanco, el jefe de la Unidad Antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez, o el jefe de la policía de investigación de la PGR, Carlos Gómez Arrieta. También estuvo Bernardo Cano, asistente de Zerón, convertido recientemente en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso.
Hace semana y media, la Fiscalía señaló, a partir del testimonio de Cano, que en la reunión del 7 de octubre se empezó a fraguar la “verdad histórica”, relato que divulgó el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre el destino de los normalistas, hoy rechazado. De acuerdo a esta versión, los 43 fueron asesinados, quemados en un basurero cerca de Iguala, y sus restos arrojados a un río. Según la Fiscalía, Zerón y compañía construyeron este relato para cerrar rápido la investigación y atajar así el “clamor social” que el ataque había generado. La dependencia aireó el testimonio de Cano en la audiencia de acusación contra Jesús Murillo Karam, procurador general en la época del ataque, superior inmediato de Zerón. Murillo está preso, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
Tras la revelación de la Fiscalía, García Harfuch publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, negando cualquier participación en la construcción de la verdad histórica. “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió.
Días antes de la audiencia de Murillo, la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa presentó un informe sobre sus pesquisas. El texto concluía que el ataque contra los normalistas había sido un crimen de Estado. Primero, por la participación de autoridades de diferentes niveles de Gobierno en el ataque y la desaparición de los muchachos. Segundo, por la construcción de un relato falso, la verdad histórica, ocultando así la realidad. En la parte que el informe dedica a este segundo punto, la comisión dice que García Harfuch fue “enlace operativo” para desarrollar la investigación que concluyó en la verdad histórica.
En la junta del 7 de octubre, Zerón, maestro de ceremonias, le pide al procurador estatal Iñaki Blanco que dé “un resumen de los hechos en que se vieron involucrados policías municipales y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”. Después, personal de la PGR informa “de la posible génesis de la problemática, sintentizando los antecedentes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en su relación familiar con integrantes del crimen organizado”.
Abarca y Pineda fueron los primeros sospechosos de ordenar el ataque contra los normalistas. De hecho, la versión del Gobierno de Peña Nieto fue que los estudiantes habían ido a Iguala a boicotear un acto de Pineda, candidata a sustituir a su esposo en la alcaldía. La comisión presidencial ha desestimado esta acusación y asegura que los muchachos fueron a Iguala a tomar autobuses para transportarse, días más tarde, a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en Ciudad de México.
Señalados por su cercanía con el grupo criminal que perpetró la desaparición de los 43, Guerreros Unidos, los Abarca Pineda huyeron de Iguala pocos días después del ataque. Las autoridades los detuvieron a principios de noviembre de 2014, en Ciudad de México. Los dos siguen presos, aunque no están formalmente acusados del ataque contra los estudiantes, sino de delitos de delincuencia organizada. Pese a lo anterior, la comisión presidencial asume ahora que fue Abarca el que dio la orden de atacar y desaparecer a los muchachos. La hipótesis de la comisión es que Guerreros Unidos usaba autobuses para transportar droga hacia la frontera norte. Con la toma de autobuses, los estudiantes podrían haber puesto en peligro un envío del grupo criminal y los Abarca Pineda habrían ordenado el ataque para protegerlo.
La hipótesis del autobús cargado de droga se sustenta en la información que recopiló en la época la DEA sobre la red de Guerreros Unidos en Estados Unidos, los informes del grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para analizar el caso y las pesquisas de la propia comisión. Las investigaciones sobre las rutas de trasiego de Guerreros Unidos enlazan además con la actuación de la Policía Federal en la noche del ataque. La comisión ha señalado que elementos de la corporación obligaron a bajar a los muchachos del autobús que podría haber contenido droga, poco antes del Palacio de Justicia. Luego, escoltaron la unidad hasta la salida de Iguala, ya sin pasajeros.
Después del comentario sobre los Abarca Pineda y el recuento de personas que había detenidas ya por el caso, Zerón pide que se establezca una mesa de trabajo para “definir específicamente los objetivos a buscar, establecer líneas de acción, definir responsabilidades para cada una de las áreas participantes y establecer una mesa de inteligencia para establecer (sic) los teléfonos del personal implicado y hacerles seguimiento”.
De acuerdo al documento de la Secretaría de la Defensa, la reunión habría concluido ahí. En la audiencia de Murillo, la Fiscalía dijo, sin embargo, que la reunión continuó, pero con menos personas. Según dijo la fiscal, el asistente de Zerón, Bernardo Cano, declaró que el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, llegó al cuartel militar. Entonces, buena parte de los asistentes se retiraron, quedándose solo los mandos. No se sabe si García Harfuch permaneció en la reunión.
8 de octubre: 14 alumnos
La segunda junta, mantenida el 8 de octubre, no se había hecho pública hasta ahora. Transcurre de nuevo en el 27 Batallón de Infantería. En esta ocasión acuden 13 personas. Además de Zerón y García Harfuch, en la minuta figuran de nuevo el general Saavedra, el policía ministerial Gómez Arrieta y autoridades del Gobierno y la Fiscalía de Guerrero, caso del jefe de policía, Leonardo Vázquez. Zerón dirige igualmente la sesión.
El director de la AIC, jefe de los investigadores sobre el terreno, urge a la procuraduría federal y la estatal a que recojan toda la información sobre los hechos para tener “la película completa”. Pide también a sus hombres que identifiquen los teléfonos de todos los implicados para “para el seguimiento correspondiente”. Informa de que la cuenta bancaria de Abarca ya está “asegurada” y pregunta por las declaraciones de 14 de los estudiantes, ausentes tras el ataque, que fueron apareciendo con el paso de las horas. La procuraduría de Guerrero contesta que todavía no les ha tomado declaración y Zerón insiste en que es prioritario.
El jefe investigador pide después que se tome declaración también a los trabajadores del C-4, el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad de la ciudad, ya que en medios han trascendido imágenes “sobre la posible detención de los alumnos”. Luego ordena que policías custodien unas fosas halladas días atrás cerca de Iguala. Se refiere seguramente a las de Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, donde dos días antes la Fiscalía del Estado ha recuperado 28 cadáveres. En ese momento se pensaba que podrían ser de los estudiantes desaparecidos.
Zerón pregunta por último por Los Bélicos, grupo de choque de la policía de Iguala, que participó supuestamente en el ataque contra los muchachos. Le informan de que “ya se tiene una relación” y que se está trabajando en una “segunda relación”. El director de la AIC suspende la reunión y convoca una nueva para el día 10. A esa junta, dice, acudirá el procurador general, Murillo Karam. Ni en la minuta de la reunión del día anterior ni en la de esta se menciona intervención alguna de García Harfuch.
