Las y los diputados federales de México aprobaron casi por unanimidad la iniciativa que promueve que los recursos de las cuentas bancarias inactivas por seis años o más sean destinados al equipamiento de las fuerzas públicas destinadas a la seguridad y protección ciudadana.
Con 483 votos a favor y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 11 de octubre la iniciativa que beneficiará a las fuerzas del orden federal, estatal y municipal para plantarle cara a los máximos generadores de violencia en territorio nacional.
Por lo que la minuta fue turnada al Senado de la República para continuar con su tratamiento legislativo, probable ratificación y promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que ésta entre en vigor y el dinero sea integrado a las instituciones del Estado dedicadas a tareas de seguridad ciudadana.
De manera sorpresiva, los abanderados por Movimiento Regeneración nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) igualaron criterios ante la reforma al Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuya finalidad es utilizar los recursos abandonados en las instituciones bancarias para la seguridad pública.
De acuerdo con Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se espera que poco más de 10 mil millones de pesos sean traspasados de las diferentes instituciones bancarias a las arcas del Estado mexicano para que, a través de los aparatos burocráticos del gobierno federal, sea integrado a las diferentes policías e instituciones castrenses que combaten la delincuencia.
Específicamente, de acuerdo con el texto avalado por todas las fuerzas parlamentarias de la Cámara Baja, las cuentas bancarias que no tengan ningún tipo de actividad por más de seis años serán sujeto de la confiscación de recursos, misma que se realiza porque se asume que la cuenta fue abandonada por parte del usuario propietario de los recursos; y, el dinero obtenido, se repartirá proporcionalmente en los tres niveles de gobierno.
Asimismo, parte de la aprobación por parte de todas los partidos a esta iniciativa es porque se toma en cuenta a las policías locales y municipales, pues la tendencia del gobierno federal ha sido incrementar los insumos y recursos a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN), por lo que la proporción del reparto fue un motivo de unión entre legisladores rivales.
En la minuta que fue enviada a la Cámara de Senadores se estipuló que el reparto de los 10 mil millones de pesos que se tienen contemplados será del 45% a las fuerzas federales, el 30% a las estatales y el 25% restante a los municipios, por lo que las policías más pequeñas también se verán beneficiadas por la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito.
Al respecto, Juanita Guerra, de Morena, señaló que se pretende obtener recursos con “la finalidad exclusiva de fortalecer a las corporaciones locales en el tema de la prevención del delito, así como la proximidad social; únicamente se usarán los recursos que para ser reclamados haya prescrito y serán en beneficio de las y los ciudadanos y sin distinción de corporaciones”.
Por lo que hizo un llamado a las autoridades locales a que no vean como un gasto, sino como una inversión el tema de la seguridad: “cuidemos a nuestros policías porque ellos también tienen el deber de cuidarnos como ciudadanos”, recalcó durante su participación en la sesión ordinaria de este martes.
