Columna Visión Juvenil
Por: Manuel Borbón
En un país con un profundo rezago en materia de impartición de justicia, una reforma al Poder Judicial con un calado como la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad enorme para pasar a la historia con un modelo vanguardista e innovador que signifique un paso hacia adelante en la búsqueda de vigilar y proteger los derechos humanos de las y los mexicanos. Empero, también es preciso recordar que, tal como lo dicen ejemplos a través de la historia, si este ejercicio no es llevado a cabo con estricto apego al correcto ejercicio del derecho y la búsqueda de la justicia y, en su defecto, se convierte en una herramienta para la coerción política del último poder por conquistar para el partido en el poder, la balanza se habrá de inclinar a un solo lado y, todos sabemos lo que puede pasar cuando las cosas no se encuentran, como lo dice Aristóteles en su “Justo Medio”.
Sin duda, algo que ha caracterizado a esta polémica propuesta es la desinformación, ya que, desde que se comenzaron a esbozar las primeras ideas sobre lo que representaba dicha reforma constitucional, no han faltado los agoreros que, sin pensarlo dos veces han comenzado a proliferar un sinfín de teorías equivocadas plagadas de “Fake News” que, en muchos casos lo que buscan es generar pánico en un sector de la población ya de por sí asustado, por lo cual, ejercicios como los realizados por los representantes electos al legislativo de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde donde se realizan asambleas informativas sobre las implicaciones de dichas reformas, son un primer paso para buscar provocar mayor interés en los beneficios de la reforma, por lo cual, escuchar ejercicios similares a estos por parte de quienes se oponen a estas decisiones generarían un debate sumamente enriquecedor para tomar decisiones basadas en una correcta información.
Propios y extraños, entiéndase a esto como políticos de todos los partidos, reconocen que es necesario un cambio profundo en el Poder Judicial, ya que, tanto miembros del PAN, como del PRI, han aceptado gran parte de las decisiones que se encuentran vertidas en la Reforma, tales como: la baja a los sueldos y prestaciones de los ministros, los cuales, no pueden ser mayores a los del presidente; la aplicación de plazos fatales no mayores a 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y no mayor a 1 año para asuntos penales; filtros para la selección de candidatos con requisitos de antigüedad y preparación académica, entre otros.
Sin embargo, el tema que causa ampolla en dicho sector es el de la elección directa de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrados del Tribunal Electoral, Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito, mismos que, según los detractores de la Reforma podrían ser cooptados por Partidos Políticos o miembros del crimen organizado para torcer la ley a su favor, argumentando que, en un país como Bolivia, donde hay que decirlo, se cuenta con un sistema político distinto al mexicano, este modelo no ha terminado por funcionar, esto debido, en gran medida, a la baja participación electoral de los ciudadanos.
Indudablemente, en un país repleto de presuntos culpables y, miles de familias a la espera impaciente del accionar de la justicia, el planteamiento de una Reforma al Poder Judicial con este calado y visión es un avance importante en la visibilización del tema, esperemos que, los diálogos y debates que recién comienzan enriquezcan dicha propuesta y conviertan estos ejercicios en un gran plan de justicia que alcance también a las instancias de investigación como lo son las Fiscalías, para poder afirmar que, esto significó un antes y un después en nuestro país en materia de justicia y protección a los derechos humanos.
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