Columna:
Por Luis Rodrigo Guzmán Viniegra
¿Cuántas veces ha escuchado usted que el gobernante en turno condena un delito cometido durante su gestión y a todo pulmón grita que se llegará “hasta las últimas consecuencias”? Suena muy bonito y hasta pareciera que esas palabras establecen un compromiso con la ciudadanía por actuar ante el crimen, sin embargo, la realidad es muy distinta.
Esas palabras llevan muchos años de no tener ningún peso en la realidad. De acuerdo al Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2022, menos del 1% de los delitos cometidos en el país resultan en una sentencia condenatoria. Lo que significa en términos prácticos es que los criminales gozan de una total impunidad.
Nos han querido hacer creer que el problema son los jueces, sin embargo, hay que entender que a los jueces no les corresponde investigar, ellos no integran los expedientes y tampoco son ellos quienes persiguen y encarcelan a los criminales. La labor del juez está limitada a analizar los hechos presentados en las investigaciones y de acuerdo a éstos y en congruencia con la ley, determinar la condena que le corresponde al acusado. Si alguno de los procesos anteriores no se realizó conforme a derecho o falta información en el caso, el juez no tiene otro remedio que liberar al acusado y solicitar una reposición o mejor integración del mismo (en el mejor de los casos).
Desgraciadamente, es tal la cantidad de carpetas pendientes de proceso, que es probable que pasen años antes que esa investigación regrese a manos de un juez.
Si entendemos lo anterior, es fácil evidenciar que lo que hace falta en México es una profunda reforma judicial en la que se profesionalice la labor de justicia con mejores investigadores, fiscalías preparadas y, sobre todo, recursos suficientes para buscar la justicia. Es también fundamental, que los jueces tengan un profundo conocimiento de la ley y posean la capacidad de interpretarla para poder encontrar la justicia a través de la aplicación de su condena. Este punto es clave, porque con la nueva elección de jueces, ahora se abre la puerta a la entrada de personas que, en lugar de tener un profundo conocimiento de la ley y amplia experiencia en su aplicación, llegarán al cargo por su popularidad en un proceso electoral.
En pocas palabras, el panorama de la impartición de justicia no muestra indicadores de cambio y la impunidad continuará prevaleciendo en el 99% de los delitos cometidos. Independientemente que los gobernantes sigan diciendo que actuarán “hasta las últimas consecuencias”.
Algo que es claro es que la ciudadanía no confía en la autoridad. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI, 93.2% de los delitos no se denuncian o no derivan en una investigación formal.
Con todo lo anterior, considero que deberíamos preguntarnos si no son los propios ciudadanos los que están promoviendo la ilegalidad al engrandecer a los criminales, tal como sucedió este fin de semana en el auditorio Telmex de Guadalajara, donde “Los Alegres del Barranco” en un concierto en lleno total, mostraron imágenes de dos líderes criminales mientras la gente aplaudía.
Hasta aquí mis comentarios. Yo sigo leyendo sus opiniones … desde el otro lado. Muchas gracias por su lectura.
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