Vaya revuelo que ha causado en el sur de Sonora la noticia de la re-privatización del servicio del alumbrado público en el municipio de Cajeme, toda vez que, después de un contrato sumamente cuestionado en el pasado en el que, a todas luces los habitantes de Cajeme fueron los más afectados al ver comprometidos sus ingresos y mantener un deficiente servicio de alumbrado público del que, afortunadamente para los casi medio millón de habitantes del municipio de Cajeme se pudo resarcir por vicios en los procesos de contratación, hoy nuevamente volvemos a tropezar con la misma piedra, solo que, en esta ocasión bajo el novedoso eufemismo previsto en la normatividad estatal de “Alianza Público-Privada”, que no es otra cosa más que la concesión de un servicio público que, según el artículo 115 de la Constitución Política Mexicana debería ser prestado por el Ayuntamiento, quienes según sus cálculos, hoy en día no se encuentran en condiciones de prestar un servicio digno y eficiente por lo que se ven la situación de entregar las riendas de esta obligación hacia una entidad privada.

Pero bien, comencemos por partes, como es por todos sabido el primer respondiente para la comunidad siempre será el Ayuntamiento, primero porque sus autoridades se encuentran físicamente en el mismo municipio de donde son emanados y, en segunda instancia, porque, según comentamos anteriormente en este escrito, la Constitución Política Mexicana dicta las obligaciones de las cuales deberían de hacerse cargo estas mismas autoridades, las cuales, frecuentemente responden a las áreas más sensibles para la ciudadanía, como lo son: la recolección de basura, mantenimiento de espacios públicos, mercados públicos, pavimentación de calles y, por supuesto, alumbrado público. Por lo tanto, durante los últimos años y, derivado de una grave crisis por la cual atraviesan la mayor parte de los más de 2 mil ayuntamientos que existen en nuestro país, diversos mandatarios municipales se han visto en la necesidad de buscar nuevas soluciones para satisfacer las necesidades y exigencias de sus gobernados.

Hasta este momento todo parecería correcto y, cualquier ciudadano que busca soluciones inmediatas para sus problemas debería de estar de acuerdo, solo que, como siempre en nuestro país los políticos se han empeñado en prometer a demacia para llegar al poder y al momento de sentarse hacer exactamente lo contrario. Viene a colación el comentario anterior debido a que, durante las últimas dos décadas un proyecto de gobierno hoy encarnado en el presidente Andrés Manuel López Obrador y denominado como Cuarta Transformación, criticó hasta el cansancio este tipo de prácticas que eximen a los gobiernos de cumplir de manera directa con sus responsabilidades al transferirlas a privados en las que, según las propias palabras del hoy Presidente de la República en su toma de protesta, este tipo de concesiones que se vienen practicando en México desde los últimos treinta años, tal como se hacía en el periodo conocido como “Porfiriato” han servido para el sistema como un negocio político que siempre termina en corrupción, cuestionando cualquier modalidad de privatización.

Es por lo anterior, que nos resulta difícil de entender cómo un gobierno municipal supuestamente emanado de las filas de la izquierda bajo el proyecto de la Cuarta Transformación, contravengan de manera directa los lineamientos que durante muchos años han venido formulando y por los que más de 30 millones de mexicanos les dieron su confianza para acceder al poder.
Las alianzas con capital privado para brindar un correcto servicio a la ciudadanía no deberían ser vistas como algo malo “per se”, sino más bien, lo cuestionable sería en esta ocasión la incongruencia entre el decir y el hacer, así como también, la cabalidad con la que se lleva a cabo el proceso sin perder de vista ni un solo momento el que, este tipo de acciones desde el servicio público deben ser vistas con la óptica de brindar soluciones a la ciudadanía y nada más.

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