Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera avalan por 23 votos a favor y ocho en contra a 21 de los 20 perfiles designados por el Ejecutivo Federal.
Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, con 23 votos a favor y ocho en contra, el dictamen por el que se ratifican a 20 de 21 ciudadanos designados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para ocupar las magistraturas vacantes de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Se trata de perfiles propuestos por la titular del Ejecutivo federal y enviados para su ratificación al Senado de la República el pasado 21 de noviembre, quienes, de acuerdo con los requisitos establecidos cuentan con estudios de derecho, tienen mínimo ocho años de experiencia, gozan de buena reputación y se distinguen por su excelencia en el ejercicio de la actividad jurídica.
Los órganos legislativos avalaron una modificación al dictamen propuesta por Homero Davis Castro, de Morena, para no considerar en el listado de los 21 perfiles a Ana María Chávez Nava, quien no realizó su respectiva comparecencia; sin embargo, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aclaró que esto no la excluye del proceso, además de que sus derechos quedan a salvo.
También se avaló modificar que los cargos entren en vigor a partir del 1 de enero de 2026 por un periodo de 10 años improrrogables, cuando la propuesta original estipulaba que sería a partir del 1 de diciembre de 2025.
Miguel Ángel Yunes Márquez aseguró que los perfiles propuestos para las magistraturas en las salas regionales cuentan con capacidad probada, experiencia, seriedad y vocación de servicio, lo que ayudará a fortalecer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Consideró que quienes resulten designadas y designados para el cargo, lo honrarán con trabajo, rectitud y resultados medibles, mientras que el Senado de la República dará seguimiento puntual a su desempeño con sentido de responsabilidad institucional.
Yunes Márquez recordó que la justicia administrativa es un medio de control que busca imponer límites a la actividad de las autoridades responsables de la administración pública federal; por ello, las salas regionales del TFJA constituyen un pilar fundamental en la administración de justicia para resolver controversias sobre asuntos que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos.
“Esto no sería posible sin los perfiles técnicos y capaces con los que históricamente han contado esas salas regionales, y hoy no son excepción las propuestas remitidas por la Presidencia de la República”, enfatizó.
Previo a la discusión y aprobación de este documento, 20 de los 21 ciudadanos propuestos para ocupar las magistraturas de Justicia Administrativa comparecieron ante integrantes de ambos órganos legislativos para exponer sus planes de trabajo en caso de asumir el cargo.
Por la vía presencial o a distancia, en la primera ronda de participaciones compartieron sus propuestas Jorge Muñoz Barrett, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jorge Enrique Mata Gómez, Ana María Chávez Nava y Mayra Alicia Alvarado Cruz.
Les siguieron Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez y Yamil Villalba Villarreal, seguidos en la tercera ronda por Olimpia Tamara Girón Hernández, Jesús Omar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Molina Arias, Edgar Daniel Guerrero Flores e Idubina Nañez Bugarin.
Por último, expusieron sus planes de trabajo Miguel Alejandro Guizado Jaimes, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva, María del Carmen Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas.
Todos los comparecientes cuentan con larga trayectoria en administraciones públicas locales y federales, en los tres Poderes de la Unión o en el ejercicio privado, además de formación académica de grado o posgrado en áreas de derecho administrativo, fiscal, penal, procesal, constitucional y de amparo, entre otros.
El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, de Morena, sostuvo que estos 20 ciudadanas y ciudadanos se desempeñarán de manera profesional en los diferentes órganos regionales y ayudarán a devolver al pueblo mexicano el derecho a defenderse con una justicia administrativa a la altura de las necesidades.
Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, acusó que ninguno de los 21 ciudadanos propuestos tiene experiencia laboral en algún tribunal fiscal del país, mientras que 19 están ligados a la actual administración federal o han pertenecido a Morena; “¿dónde va a quedar la imparcialidad y la autonomía del Tribunal; sería irresponsable aceptar esta propuesta de la presidenta”, enfatizó.
Por el PRI, Cristina Ruíz Sandoval consideró que los perfiles no ayudarán a construir justicia, sino que la secuestrarán, al subordinar los tribunales al Estado; “esto no es independencia, esto es subordinación. Tampoco es técnica, es militancia. No es pluralidad, es colonización institucional: no estamos nombrando magistrados, estamos nombrando operadores de Morena”, sentenció.
