Aumentar el presupuesto a la seguridad, declarar como traición a la patria que funcionarios protejan a los delincuentes o narcotraficantes, declarar terrorismo político los atentados contra funcionarios, así como investigar el narco financiamiento y firmar convenios de colaboración con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, son parte de las propuestas de la oposición, e incluso legisladores oficialistas en el Senado, sin que Morena haya aceptado una sola.
Este lunes durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fustigó contra la oposición por cuestionar, sin presentar propuestas o soluciones, ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
“¿Qué propone la derecha?, ¿la guerra contra el narco?, ¿que regrese García Luna? ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado”, expresó Sheinbaum.
Desde que comenzó la LXVI Legislatura del Senado, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, incluso del PT y PVEM, han presentado propuestas para reducir los niveles de inseguridad.
El 30 de abril de este año, la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, sugirió una reforma al artículo 190 Bis, del Código Penal Federal, para castigar de 15 a 40 años de prisión a quien intimide, amenace, lesione, secuestre o asesine a una persona servidora pública.
La misma legisladora recomendó una reforma al artículo 123 Bis al Código Penal Federal para incluir como traición a la patria y sancionar con cárcel a los funcionarios públicos que faciliten, protejan, colaboren, proporcionen información a grupos de la delincuencia organizada, en especial a aquellos dedicados al narcotráfico. Ambas iniciativas descansan en las comisiones de Justicia y Estados Legislativos, y no cuentan con el aval de Morena.
El 2 de abril de este año, el senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política del Senado a impulsar reuniones de trabajo con titulares de dependencias del gobierno federal y el Banco de México para analizar las implicaciones financieras y económicas para nuestro país, tras la declaratoria de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.
Mientras que el senador panista Marko Cortés Mendoza presentó un punto de acuerdo por el que propuso conformar una Comisión Especial Investigadora sobre lavado de dinero para el crimen organizado, luego de que el gobierno estadounidense señaló a los bancos mexicanos CI Banco y Vector de lavar dinero para cárteles de la droga en nuestro país.
El 13 de agosto pasado, el senador Ricardo Anaya sugirió un acuerdo bilateral de largo plazo en materia de seguridad con Estados Unidos, con reglas y compromisos formales para hacer frente al problema compartido del crimen organizado.
Además, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, propuso desde el 13 de agosto una reunión interparlamentaria México-EU, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró como terroristas a los cárteles mexicanos.
El coordinador panista Ricardo Anaya Cortés propuso exhortar a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se incremente el presupuesto destinado al Ramo 36 “Seguridad y protección ciudadana”, a fin de garantizar el orden público en todo el territorio nacional.
Incluso, senadores del oficialismo han presentado propuestas que no han sido aprobadas en comisiones, donde Morena tiene mayoría.
La senadora del PT, Geovanna Bañuelos, propuso exhortar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de las entidades federativas, para que realicen investigaciones exhaustivas, prontas, imparciales y con perspectiva de género de todas las madres buscadoras que han sido víctimas de homicidio, amenazas, hostigamiento u otros delitos derivados de su labor.
Mientras que la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, propuso que las Secretarías de Seguridad Pública municipales expliquen al Senado cuántos de sus elementos cuentan con sus exámenes de control y confianza aprobados y vigentes para su permanencia, especialmente los del estado de Morelos.
La bancada del PRI ha propuesto exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, las fiscalías y Secretarías de Seguridad Estatales y autoridades municipales, a implementar acciones urgentes frente al alarmante incremento de los delitos de extorsión, mientras que la bancada del PAN propuso implementar el modelo denominado Policía de Proximidad o Policía Vecinal, que actuaría en contra de las conductas delictivas de manera temprana.
Todas estas iniciativas se encuentran en la congeladora de las comisiones del Senado, en las cuales Morena tiene mayoría.
