La opinión de Carlos Zapién

Una nueva crisis política azota Perú, esta vez la presidenta Dina Boluarte ha sido acusada de homicidio calificado por la fiscal Patricia Benavides, y ahora está en peligro de correr la misma suerte que su antecesor.

El conflicto en Perú no parece que vaya a terminar pronto. Apenas hace unos meses el estado Peruano vivía una situación de emergencia nacional debido a las múltiples protestas que se generaron a partir de la destitución del ahora ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Después de meses de acoso por parte de sus adversarios, Castillo fue detenido poco después de anunciar públicamente que disolvería el Parlamento e instauraría un gobierno de emergencia que gobernaría por decreto, esto con el fin de evitar la sesión parlamentaria en la que se votará una moción para destituirlo por “incapacidad moral permanente”.

Fue así como la entonces vice presidente Dina Boluarte llegó a la presidencia de Perú. Boluarte había sido militante de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, y después fue expulsada, ya cuando ostentaba el cargo de vicepresidenta.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú, el país sudamericano entró en una ola de violencia provocada por la fuerza desmedida que utilizaron las fuerzas del orden contra las múltiples manifestaciones en contra de Boluarte que pedían se convocará a elecciones anticipadas entre otras peticiones. Al menos 49 personas perdieron la vida a manos de la policía y otras 1.200 resultaron heridas -muchas de las cuales fueron de gravedad- entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 según la Defensoría del Pueblo de Perú, la mayoría eran trabajadores rurales e indígenas del sur del país.

¿Por qué es denunciada la presidenta Boluarte?
Un día después del día más mortífero de las protestas en Perú, en el que 18 personas fueron asesinadas. El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Hace unos días, la Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, denunció ante el Congreso a la Presidenta Boluarte para que le sea retirada la inmunidad por dichos cargos.

Esto lo anunció la Fiscal a través de un video, repartido a los medios, en el que declara que la denuncia también va contra el Primer Ministro Alberto Otárola y los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero quienes en ese orden se sucedieron como ministros del Interior.

Según la denuncia, Boluarte “habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos” por parte de las fuerzas de seguridad “sobre quienes tenía una posición de dominio como jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional”.

Ahora la presidenta del Perú pide la renuncia de la Fiscal Benavides, quien por cierto había sido aliada de la coalición de derecha que llevó a cabo la destitución y arresto del ex presidente Pedro Castillo, y quien ahora está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y favores políticos. Debido a esto, justo un día antes de que la fiscal Benavides hiciera la denuncia contra la presidenta Boluarte, se había llevado a cabo la detención del ex asesor de la fiscal Jaime Javier Villanueva.

Boluarte describió la denuncia en su contra como una “deleznable maniobra política”. Y por su parte, la Fiscal Benavides hizo lo mismo y declaró que las acusaciones en su contra son para frenar las investigaciones contra la presidenta Boluarte. La fiscal también ha declarado que la situación es un “acto torpe que pretendía desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público” y frenar que se continúe con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables “de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de este año”.

Sin embargo, un documento de la Corte Nacional de Justicia Especializada señala que Villanueva, el exasesor de Benavides, coordinaba en nombre de la fiscal actos de corrupción con congresistas para influir el voto de estos en discusiones relacionadas con la fiscalía a cambio de favores en sus procesos penales. El documento también señala que la Fiscalía archivó investigaciones que mantenía en contra de más de 30 congresistas días después de una de esas votaciones.

Mientras los poderes del Estado siguen en guerra constante, las personas más pobres de Perú siguen viviendo en condiciones de marginalidad y precariedad intensas. Sea culpable o no la Fiscal Benavides, y a pesar de que la denuncia contra la presidenta Boluarte se haya llevado a cabo como un acto de contra ataque, no cabe duda que el gobierno de Boluarte es responsable de los asesinatos de aquellas personas que se encontraban ejerciendo su derecho a la manifestación, así como de aquellas que ahora sufren alguna discapacidad por el uso excesivo e injustificado de las fuerzas armadas de Perú durante las manifestaciones en su contra.