Señalan al expresidente de la SCJN y a otros tres funcionarios del poder Judicial, por su presunta responsabilidad en actos que atentan contra la independencia de la función judicial, cohecho, abuso de funciones y enriquecimiento oculto, entre otras.

El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación integró un expediente de investigación en el que constan un a serie de denuncias en contra del expresidente del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y a otros tres funcionarios del Poder Judicial, así como en contra de jueces y magistrados que resulten involucrados, por su presunta responsabilidad en actos que atentan contra la independencia de la función judicial, cohecho, abuso de funciones y enriquecimiento oculto, entre otros.

Como casos específicos de presión de la presidencia del CJF señala los relacionados con la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica; el Aeropuerto de Santa Lucía y la Cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco, el Tren Maya, el caso Lozoya y uno más en el que estaba involucrado en Infonavit, entre otros.

El pasado 9 de abril, el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, Hebert Torres Coello, dio cuenta a la ministra Norma Lucía Piña Hernández de la recepción de un escrito presentado de manera anónima, en el cual se denuncian presuntos actos ilegales cometidos por:

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su actuación como presidente del CJF

Carlos Antonio Alpízar Salazar, en su actuación como Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal

Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública

Así como contra Jueces y Magistrados que aceptaron la presión ejercida por el exministro Arturo Zaldívar y personas servidoras públicas que resulten responsables, adscritas al IFECM.

Concretamente refiere hechos que, de acreditarse, pudieran significar la existencia de, actos que atentan contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro Poder; falta de imparcialidad y profesionalismo; violencia sexual; cohecho; abuso de funciones; desvío de recursos; enriquecimiento oculto; conductas previstas como causa de responsabilidad administrativa en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –abrogaba y vigente, según ámbito temporal de aplicación– y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “entre otros”.

Al hoy ministro en retiro, Zaldívar Lelo de Larrea se le señala de vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.

El documento dice que ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.

Detalla que las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ello a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.

Integra una lista de 39 magistrados, 29 jueces y dos secretarios en funciones de juzgadores que, asegura, presionó por conducto de personal bajo su mando y refiere que hay más.

Según la denuncia quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, “obtenía grandes beneficios”, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir, asistir a cursos nacionales e internacionales, gozar de licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo, asignación en juzgados estratégicos.

Pone como ejemplo de ello, que personas que fueron secretarios de estudio y cuenta del exministro se volvieron jueces y magistrados, pero no dice quienes concretamente fueron.

También señala la denuncia que so pretexto de “políticas anti nepotismo”, “necesidades del servicio” o hasta usando las “acciones afirmativas” en favor de mujeres, acomodaron sus piezas estratégicamente para tener control de los asuntos más importantes, se dieron primeras adscripciones a personas sin experiencia en los circuitos donde se manejaban los asuntos más relevantes y donde está en juego la mayor cantidad de capital político y económico, como en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, quitando jueces y magistrados “incómodos” para poner otros a modo y cumplir sus fines corruptos.

Incluso menciona que una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos y expone que un ejemplo de los beneficiados, es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejero de la judicatura federal, propuesta por el Senado en 2021, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, “brazo derecho de Zaldívar”, en la que se incluyó al magistrado Córdova del Valle y Netzaí Sandoval.

También consigna que el ahora exministro usó al Instituto Federal de Defensoría Pública, del cual era titular Netzaí Sandoval, para presionar a defensores y asesores jurídicos “para que actuaran en procedimientos jurisdiccionales de la forma más conveniente a sus intereses” y que utilizó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyo titular es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, para apersonarse en asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantías importantes y gestionar a través de sus síndicos que los procedimientos siguieran el curso que le convenía.

Destaca que las conductas imputadas al exconsejero del Presidente de la República, Julio Sherer Ibarra, que se encuentran estrechamente vinculadas con las atribuidas al ex ministro presidente son: Confabularse con el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

Indica que exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho, especialmente “Rivera-Gaxiola y Asociados” o a la Defensoría Pública Federal, “donde Netzaí Sandoval facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo”.

Señalan a Carlos Antonio Alpízar Salazar, Edgar Manuel Bonilla del Ángel y Netzaí Sandoval Ballesteros

ACarlos Antonio Alpízar Salazar se le señala por su presunta responsabilidad en enriquecimiento ilícito y corrupción y/o extorsión.

Lo primero porque, asegura, se puso a las órdenes del exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal Julio Sherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos. Dice que es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias.

El señalamiento de corrupción y/o extorsión, se habría configurado porque existía un “sistema corrupto” utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo, “consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa; especialmente en asuntos de naturaleza mercantil.

En tanto, a Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles se le señala presunta responsabilidad porque “se utilizaba a dicho Instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran -infundían terror-“.

Asu ves a Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública se le acusa de corrupción porque “se presionaba a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses”.

Menciona que se creó una unidad de peritos adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, el costo era elevado y su participación en procedimientos era nula; se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados, tanto que por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza (“incondicional”), le exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero se negó. Prohibió que los defensores promovieran amparo contra la falta de atención médica en Covid, para que – argumenta- no se viera “inflada” la estadística del gobierno, se asegura en el documento.