Más allá de los nubarrones producidos por la grilla electorera en búsqueda de adeptos por parte de los partidos políticos, el tema de la militarización de la seguridad pública en nuestro país, es un tópico que debe tomarse con la seriedad suficiente, sobre todo tratándose del tema que más aqueja a las familias mexicanas desde hace más de dos décadas.

Es preciso recordar que, la militarización en nuestro país no comenzó en el actual sexenio encabezado por López Obrador, sino más bien, dió inicio en el gobierno de Felipe Calderón, quien bajo el nombre de “Operación Michoacán” dió inicio al combate al crimen organizado que venía ganando terreno a las autoridades mexicanas desde la década de los años ochenta.

Ahora bien, con la llegada al poder de un gobierno autodenominado de izquierda, y habiendo siendo los mismos, unos contrincantes empedernidos de lo que ellos llamaban “militarizar” al país, afirmando que, de su llegada al poder habrían de regresar al ejército a sus cuarteles para convertirlos en cuerpos de paz, podríamos pensar que la militarización bajo este régimen sería impensable. Sin embargo, como todo en la vida, este mundo da muchas vueltas y, los que antes se rasgaban las vestiduras para señalar a los militares, hoy en día se han vuelto sus principales aliados consumando el amasiato del poder con las fuerzas castrenses con la formulación en conjunto de diputados de Morena y algunos del PRI, de una iniciativa de ley en la que prácticamente se otorgan plenas facultades a las fuerzas armadas para dirigir las políticas de seguridad pública en nuestro país hasta el año 2028.

En el actual sexenio de la cuarta transformación se han desplegado un total de 85 mil 310 elementos castrenses para hacerse cargo de la seguridad de los ciudadanos, casi el doble de los elementos desplegados en el sexenio de Felipe Calderón con 48 mil 500, con resultados sumamente cuestionables ya que, solamente en lo que va del sexenio morenista ya se ha convertido en el mandato más violento de la historia reciente rebasando los más de 120 mil homicidios prácticamente a mitad de su mandato.

De igual manera, el Programa de Política de Drogas del CIDE en México ha contabilizado, por lo menos, un total de 240 tareas asignadas a mandos militares, las cuales debieron ser realizadas por otras dependencias, dentro de las cuales se encuentran adjudicaciones como la realización del Aeropuerto Felipe Ángeles, construcción de la Refinería de Dos Bocas, la compra y distribución de medicamentos, distribución de gasolina, funciones aduanales, construcción del Tren Maya, construcción de sucursales del Banco del Bienestar, entre muchas funciones que antes caían en mandos civiles.

Ante esta situación, es importante mencionar que, “el deber ser”, de esta compleja situación nunca ha estado a discusión, tirios y troyanos han aceptado en distintas ocasiones que el camino a seguir debería ser el de utilizar a las fuerzas armadas como una ayuda auxiliar para atender la grave crisis de seguridad que se vive en el país como un aliciente para dotar de tiempo y recursos a las policías civiles locales y comenzar una transición de poderes hacia esta, casos de éxito de lo anterior lo encontramos en Nuevo León con la policía denominada “Fuerza Civil”. Sobre si hay o no militarización, juzgue usted mismo apreciado lector. borbonmanuel@gmail.com