Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el gobierno de México busca recuperar mediante una demanda civil en Florida recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, entre los que se encuentran propiedades y vehículos de lujo, que fueron obtenidos mediante una “red de corrupción” encabezada por Genaro García Luna.

“Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”.

“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar, que opera en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”, señaló durante la conferencia matutina.

Pablo Gómez afirmó que el gobierno mexicano presentó la demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de un condado de Florida, para recuperar los “activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano” y resarcir el daño generado al Estado Mexicano.

“Estos recibían el dinero y, en el momento en que recibían los pagos, estas empresas en ese momento se iba el dinero a Barbados, ahí se quedaba en un banco, en una cuenta de ellos y veían la manera de irlo mandando a Miami“.

“Y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, Lamborghinis, y etcétera, todo eso parte del sistema de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna. Lo de García Luna no es un asunto de llegó, robó y corrió, no, es una cosa que tiene que ver con el estado corrupto que construyeron los neoliberales”, señaló ante el presidente López Obrador.

El titular de la UIF dijo que por este caso se incluyó a diferentes implicados, “que participaron en esta confabulación”, en la lista de personas bloqueadas y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gómez Álvarez detalló que la unidad de inteligencia tiene identificados 40 contratos que se realizaron durante la gestión de García Luna en el gobierno y en el sexenio anterior, cuando ya no era servidor público.

Indicó que, como parte de esta trama, le fue cobrado al gobierno de la Ciudad de México una “cantidad relevante” por reconocimiento de un contrato que nunca fue firmado y que no existió, lo que fue denunciado por la UIF.

“Las autoridades de la ciudad están interesadas, están dando seguimiento a esto, porque tiene un origen en el presupuesto local y la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información”, añadió.